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Con el crecimiento de las tecnologías que procesan datos a gran escala y con su implementación en diversos ámbitos de la sociedad, surge el desafío para los Estados de regular el tratamiento de la información de los usuarios. Esta necesidad no es nueva, sino que está presente desde los inicios de la computación y, en el período pandémico y pospandémico, aumentó en forma brusca y a velocidades inesperadas.
Los ejes temáticos principales que se encuentran en discusión actualmente son muy diversos y se pueden resumir en los siguientes:
- Regulación del tráfico de información a través de internet.
- Traspaso internacional de datos.
- Huella Digital.
- Tecnologías de procesamiento de datos a gran escala.
- Reevaluación de métodos de protección de datos y acceso a la justicia.
- Descentralización de tratamiento de la información y de autoridades a cargo del control.
- Primacía del consentimiento de los titulares de datos.
“La mayoría de las normativas relativas a la protección de datos personales, en muchos de los estados de Latinoamérica, data de hace más de 10 o 20 años y resultan insuficientes frente al actual estado de la tecnología y las necesidades de esta era. Dada esta circunstancia, varios países latinoamericanos, como Chile y la Argentina, buscan regular, reformular y actualizar sus normas vigentes, mientras que otros continúan estáticos.”, comenta Fabiana Rodriguez, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.
A continuación el estado de la situación normativa en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México:
Argentina: En la Argentina, la protección de datos personales se encuentra sujeta a la Ley 25326, sancionada y promulgada en el 2000, que dio lineamientos generales respecto a la forma de almacenar y transferir datos, y reconoció en forma explícita algunos derechos en favor de los titulares de datos, como la modificación y extinción de los registros.
“Si bien cumplió su cometido regulatorio, también dejó fuera algunas situaciones que, quizás al momento de su creación, eran impensadas, o implicaban tecnologías incipientes: por ejemplo, la ley no menciona el término “internet”, lo cual incluso para esa época ya era necesario. Frente a varias problemáticas actuales, resulta insuficiente y puede poner en peligro los derechos fundamentales de los titulares de datos.”, comenta Rodriguez.
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El nuevo proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que se está tratando en el Congreso de la Nación, pretende dar una nueva perspectiva a la cuestión, desde una mirada centrada en los avances tecnológicos. Entre los principales cambios que se proponen se destacan: la posibilidad de que los niños a partir de los 13 años puedan prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos (de acuerdo con ciertas circunstancias), la aplicación de la Ley para habitantes de la Nación, sin importar dónde se encuentren almacenados los datos A, y la ampliación del concepto de dato sensible.
México: La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, vigente desde el año 2010, es la norma que rige la temática a nivel país. También da lineamientos generales en cuanto a clasificación de datos, estableciendo algunos principios sobre el tratamiento de los mismos aplicable en públicas y privadas. El eje central de esta ley es la garantía a los particulares de los derechos ARCO (aceptación, rectificación, cancelación y oposición). Sin embargo, la misma cuenta con más de diez años y no abarca cuestiones actuales como la internet, la Inteligencia Artificial, entre otras.
Por otro lado, distintos estados mexicanos cuentan con sus propias leyes, como ser el caso de la Ciudad de México y su ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que recientemente sufrió una reforma orientada a que personas de grupos vulnerables puedan ejercer sus derechos vinculados con la ley en forma equitativa.
Chile: Se encuentra en vigencia la Ley 19628, sobre “Protección de Datos de Carácter Personal” también denominada “Ley de Protección de la Vida Privada” que fue sancionada en 1999. En el año 2018 se modificó la Constitución de Chile y se consagró textualmente a la protección de datos como derecho fundamental. Sin embargo, y en consonancia con lo que sucede en otros países, la actual regulación no es eficaz en su aplicabilidad a diferentes situaciones que plantea la digitalización y el uso de tecnologías en constantes cambios, razón por la cual se encuentra en tratativas un nuevo proyecto de ley.
Esta nueva propuesta busca enfocarse en que el tratamiento de la información se realice con el consentimiento del titular de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley. Además, procura que se aseguren estándares de calidad, información, transparencia y seguridad. Todo esto basándose en la situación en que se encuentra la información frente a la tecnología. Como novedad, se crearía la Agencia de Protección de Datos Personales, un órgano público competente en la materia y definiría nuevos principios de tratamiento de la información como la licitud y lealtad, la finalidad y calidad de datos, que complementarían a los existentes.
Ecuador: El 26 de mayo de 2021, se sancionó la primera ley referida a datos en Ecuador. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece los lineamientos y principios que se deben aplicar para garantizar la privacidad de los datos personales de los ciudadanos. Por otro lado, regula el derecho a acceso y decisión sobre la información que se recopila sobre estos con el objetivo de empoderarlos frente a los desafíos del mundo digital.
Sin embargo, esta ley entró en plena vigencia el 26 de mayo de 2023, dado que al momento de su promulgación se otorgó un plazo de gracia a las empresas y organizaciones que tratan información para reorganizar sus sistemas de acuerdo con la ley en cuestión. A partir de este año, se volvieron aplicables las multas previstas por incumplimiento de la ley, que pueden alcanzar hasta el 1% del capital de negocios de quien la infringe.
Colombia: La Ley 1581 del 2012, es la norma central de la regulación de las cuestiones atinentes a la protección de datos personales, que está complementada por el derecho constitucional de habeas data y otras regulaciones. Esta ley desarrolla los derechos de los titulares de datos a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recolectado sobre ellos en bases de datos o archivos, siendo una norma similar a las leyes de protección de datos iniciales de Latinoamérica y que establece principios generales.
Dada la fecha de su sanción, la misma no contempla supuestos actuales relacionados con el aumento desmedido del almacenamiento de datos en medios digitales y el crecimiento de tecnologías de procesamiento de datos, lo cual generó una necesidad casi inmediata de reforma. Esto, sumado a la influencia del RGDP europeo, fue el puntapié para el planteo de un nuevo proyecto de Ley (066 del 2022) que tiene como objeto aumentar el resguardo de los datos personales frente al tráfico de mensajería a través de empresas que prestan esos servicios.
Dentro de las propuestas que incluye se puede mencionar la creación de un registro donde los usuarios puedan solicitar la eliminación de los datos referidos a ellos que se encuentren bases de diferentes entidades, así como la imposición de sanciones a empresas que no cumplan con estas solicitudes. Por otro lado, pretende reformular conceptos principales como datos personales y sensibles y regular cuestiones referidas a las transferencias internacionales de información.
“Del panorama legislativo existente y tendencias de reforma respecto a normativas de protección de datos, se puede concluir que, si bien los estados cuentan con lineamientos de protección de datos, los mismos resultan insuficientes para gestionar las problemáticas actuales. Se podría recomendar fuertemente a los estados el establecimiento de un sistema que permita un constante análisis para acomodar las leyes de acuerdo con las necesidades y evitar procesos legislativos lentos que ocasionen que al momento de entrar en vigencia cada reforma, resulte desactualizada.”, concluye Fabiana Rodriguez de ESET Latinoamérica.
El avance de la tecnología, la influencia del Data Science, el Machine Learning e implementaciones de inteligencia artificial, generan una constante necesidad de cambio en la legislación, ya que día a día surgen nuevas formas de vulnerar los derechos de los usuarios.
El gobierno japonés ha anunciado un ambicioso paquete de estímulo económico valorado en 140.000 millones de dólares, destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los consumidores y a reactivar el lento crecimiento económico, en un contexto marcado por la creciente inflación. Este anuncio ocurre menos de un mes después de que la coalición gobernante sufriera un revés electoral. El plan, estimado en 22 billones de yenes, aún requiere la aprobación del Parlamento, donde el primer ministro Shigeru Ishiba enfrenta un desafío, ya que su gobierno no cuenta con mayoría. Este programa incluye medidas clave como: Subvenciones energéticas de aproximadamente 30.000 yenes (194 dólares). Ayudas directas a los hogares de bajos ingresos. Ajustes fiscales para aliviar las cargas económicas. Apoyo financiero a las pequeñas empresas. El objetivo central del plan, según el gobierno, es lograr que el aumento salarial supere consistentemente a la inflación, estableciendo una transición hacia una economía más robusta, impulsada por el crecimiento de los salarios y la inversión. Este enfoque busca devolver confianza a los consumidores y estimular un ciclo económico más dinámico. Además, el impacto total del proyecto, incluyendo préstamos e inversiones del sector privado, se estima en 39 billones de yenes, equivalentes a unos 250.000 millones de dólares. Esta cifra refleja la intención de movilizar recursos tanto públicos como privados para garantizar una recuperación sostenida. El paquete ha sido recibido con opiniones divididas. Mientras algunos expertos destacan su potencial para reactivar la economía y proteger a las familias más vulnerables, otros advierten sobre el riesgo de un mayor endeudamiento en un país que ya enfrenta altos niveles de deuda pública. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
Bitcoin alcanza los $98,000 y se acerca a los $100,000 impulsado por expectativas regulatorias El precio del Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $98,000 este jueves durante las operaciones en Europa, registrando un aumento del 4% en el día. Este avance marca un hito clave para la criptomoneda líder, que ahora se encuentra a un paso de superar la barrera simbólica de los $100,000. El mercado ha reaccionado con entusiasmo ante las expectativas de un enfoque más amigable hacia las criptomonedas por parte del gobierno entrante en Estados Unidos, encabezado por el presidente electo Donald Trump. Además, la elección de varios legisladores pro-criptomonedas para el Congreso ha reforzado el optimismo en torno a la regulación de este mercado. En lo que va de año, el precio de Bitcoin se ha más que duplicado, registrando un crecimiento del 40% en tan solo dos semanas, desde que se anunciaron los resultados de las elecciones presidenciales. Analistas atribuyen este comportamiento a la anticipación de un marco regulatorio que facilite el desarrollo del ecosistema cripto y fomente la adopción masiva. El avance hacia los $100,000 también ha sido impulsado por un mayor interés institucional y la percepción de Bitcoin como una herramienta de reserva de valor frente a la incertidumbre económica global. Sin embargo, los expertos advierten que el mercado sigue siendo volátil y podría enfrentar correcciones en el corto plazo. El mundo de las criptomonedas parece entrar en una nueva era, donde la política estadounidense jugará un papel crucial en su consolidación como clase de activo. La atención ahora está puesta en las próximas decisiones del equipo de gobierno entrante y su impacto en la evolución del mercado. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
El Wi-Fi público en Latinoamérica: una amenaza para la privacidad digital Un reciente estudio de Kaspersky ha encendido las alarmas sobre el uso de redes Wi-Fi públicas en América Latina, destacando que un preocupante 18% de los usuarios se conecta a estas redes sin verificar su seguridad. Esta misma proporción, al enfrentar una conexión deficiente, opta por cambiar de ubicación para acceder a una red con mejor señal, sin considerar los riesgos que esto implica. Estas prácticas incrementan la vulnerabilidad frente a ciberataques, exponiendo datos personales, financieros y actividades en línea a posibles delincuentes digitales. En un mundo donde cada vez más personas trabajan y estudian desde espacios como cafeterías, aeropuertos, hoteles o coworking, la protección digital se convierte en un aspecto fundamental para garantizar la privacidad y la seguridad de la información sensible. Las redes Wi-Fi públicas: un imán para los ciberatacantesLos atacantes aprovechan estas redes para implementar técnicas que les permiten interceptar, manipular y robar información crítica. Al conectarse a una red no segura, los usuarios pueden ser víctimas de métodos como el man-in-the-middle, donde los delincuentes se interponen entre el dispositivo y la red para capturar datos como credenciales, información bancaria y correos electrónicos. Otro peligro frecuente es la creación de redes falsas que simulan ser legítimas, diseñadas para engañar a los usuarios y otorgar acceso directo a sus dispositivos. Estas prácticas, aunque comunes, pueden evitarse si se toman medidas básicas de protección, como utilizar redes confiables, activar conexiones VPN y evitar ingresar datos sensibles mientras se está conectado a redes públicas. En un entorno donde la conectividad es indispensable, la seguridad digital debe ser una prioridad para prevenir riesgos y garantizar la integridad de los datos en línea. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
EEUU intensifica su lucha contra el dominio de Google El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está analizando medidas significativas para limitar el alcance de Google en el mercado tecnológico, según un informe de El Economista. Estas acciones podrían incluir tanto restricciones conductuales como estructurales destinadas a evitar que la compañía utilice productos como Chrome, Play Store y Android para favorecer su motor de búsqueda y otros servicios. Una de las iniciativas más destacadas sería la venta del navegador Chrome, considerada un posible paso para desmantelar el ecosistema de la empresa. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que no se contempla obligar a Google a vender Android, calificando esta opción como “demasiado radical”. En lugar de eso, el DOJ buscaría que Google desvincule Android de sus otros productos, como el buscador y la tienda de aplicaciones Google Play. Esta medida tiene como objetivo equilibrar la competencia en un mercado donde la empresa ejerce una influencia dominante, especialmente ante la irrupción de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial. Por su parte, Google ha manifestado su intención de apelar la sentencia y evitar transformaciones drásticas en su modelo de negocio. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de la empresa, aseguró a Bloomberg que el DOJ está promoviendo una “agenda radical que excede las cuestiones legales del caso”. Mientras tanto, el proceso avanza y las decisiones podrían marcar un antes y un después en la regulación del sector tecnológico, afectando no solo a Google, sino también a sus competidores y usuarios. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
Brasil cierra su presidencia del G20 con iniciativas globales clave El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó el impacto de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y la propuesta de un impuesto a los superricos como logros destacados durante la presidencia brasileña del G20, que concluyó este martes en Río de Janeiro. En su discurso de clausura ante líderes de las mayores economías mundiales, Lula subrayó el compromiso de Brasil con la promoción de medidas concretas que mejoren la calidad de vida de las personas. Este enfoque, según señaló, sigue el ejemplo de iniciativas impulsadas por Indonesia en 2022 e India en 2023, y espera ser replicado por Sudáfrica en 2025. Uno de los mayores logros de la cumbre fue el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una propuesta liderada por Brasil que reúne a 148 miembros fundadores, entre ellos 82 países, además de la Unión Europea y la Unión Africana. Esta alianza busca unir esfuerzos para combatir la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema, problemas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Asimismo, Lula destacó el inicio de las discusiones para implementar un impuesto global a los superricos, una medida orientada a reducir las desigualdades económicas y garantizar una distribución más equitativa de los recursos. El líder brasileño concluyó reafirmando el compromiso de su gobierno con la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos globales. La presidencia de Brasil en el G20 marca un hito en la promoción de políticas que priorizan la justicia social y el desarrollo inclusivo. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
Han pasado más de un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expusiera la visión del gobierno liderado por Gustavo Petro sobre la regulación de Bitcoin (BTC) y otros activos digitales. Este anuncio generó gran expectativa en el ecosistema bitcoiner colombiano, marcando un posible cambio en el panorama del mercado cripto en el país. Durante esa presentación, el superintendente César Ferrari destacó los lineamientos de un proyecto de ley diseñado para reglamentar los exchanges de criptomonedas, que en la propuesta son definidos como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Este enfoque busca otorgar un marco legal que promueva la seguridad, la transparencia y la confianza en el sector, adaptándose a los estándares internacionales. La propuesta fue recibida con entusiasmo por parte de la comunidad cripto, que ha insistido en la necesidad de una regulación clara para fomentar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en Colombia. Sin embargo, el avance del proyecto ha sido lento, dejando en el aire las expectativas sobre su implementación definitiva. El debate sobre esta regulación se enmarca en un contexto global donde cada vez más gobiernos buscan regular el mercado de criptomonedas para garantizar la protección de los usuarios y prevenir actividades ilícitas. Colombia, con un ecosistema cripto en crecimiento, tiene el potencial de posicionarse como líder en la región, siempre que logre establecer un marco normativo efectivo y equilibrado. El futuro de las criptomonedas en Colombia dependerá de la concreción de estas iniciativas, las cuales podrían marcar un hito para el desarrollo económico y tecnológico del país. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
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